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El ELN y el fiscal Barbosa

“Ningún organismo de inteligencia tuvo conocimiento o información adicional a la existente sobre la mencionada intención terrorista”. Así dice el informe que esta semana sacó el Ministerio de Defensa sobre el presunto plan de la guerrilla del ELN para atentar contra la vida del Fiscal Francisco Barbosa.  

La alerta de la Fiscalía se dio el pasado 8 de agosto, días después del inicio del cese al fuego y, por supuesto, puso a tambalear el proceso de paz más avanzado que lleva el presidente Gustavo Petro. La denuncia no solo cobija al Fiscal, sino que presuntamente también iba dirigido contra la senadora María Fernanda Cabal -cuyo esposo José Félix Lafaurie es delegado del Gobierno en esa negociación- y contra el general (r) Eduardo Enrique Zapateiro. 

El Ministerio de Defensa no pone en duda la alerta de la Fiscalía, pero sí dice que ningún organismo tenía información al respecto. La delegación del ELN, en su momento, tildó de falsa la información; y el Gobierno, aunque rechazó la amenaza, habló de saboteo a los diálogos.

La conclusión del informe del Ministerio de Defensa no zanja este tema, pero por lo menos da un parte de tranquilidad a la mesa. De hecho, ambas delegaciones se pronunciaron en un comunicado conjunto el miércoles, donde afirmaban que esa denuncia hubiera podido ser contraproducente para las negociaciones. 

“Este grave hecho y la forma en que fue comunicado a la opinión pública hubiese podido afectar la confianza entre las partes y de la sociedad colombiana con relación al cese al fuego acordado”, dice el comunicado de la mesa que se encuentra en Caracas en el cuarto ciclo de diálogos. 

Ambas delegaciones decidieron remitir el pronunciamiento al Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego “con el fin de que emita su concepto sobre el caso”. 

En entrevista con Colombia+20, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, reafirmó que es ese Mecanismo de Verificación de cese al fuego el que debe dar su concepto sobre el plan contra el fiscal. 

¿Qué dirá ese mecanismo? Tendremos que esperar su primer informe. 

Amigo de exalcalde de Bello no pagó arriendo de edificio para víctimas, debe devolverlo

Tras una investigación de Colombia+20 que reveló las maniobras irregulares para apoderarse de un edificio bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que involucran a amigos y aliados de Óscar Andrés Pérez, condenado exalcalde de ese municipio de Antioquia, funcionarios de esa entidad dieron un plazo de un mes para recuperar la propiedad.

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